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Es importante tener en cuenta las regulaciones específicas que rigen la extradición activa y pasiva. Estas regulaciones pueden variar según los tratados bilaterales o multilaterales existentes entre los países involucrados.

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Debe cumplirse el principio de doble incriminación. Esto significa que el hecho acusado o sancionado en el país solicitante debe estar tipificado también como delito en la ley española.

■ Delitos militares tipificados por la legislación española y sin perjuicio de lo establecido al respecto en los Convenios internacionales suscritos y ratificados por España; de los cometidos a través de los medios de comunicación social en el ejercicio de la libertad de expresión, y de los que sólo son perseguibles a instancia de parte, con excepción de los delitos de violación, estupro, rapto y abusos deshonestos.

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■  En caso de que el Estado requirente no de garantías de que la persona reclamada de extradición no será ejecutada o que no será sometida a penas que navigate to this web-site atenten a su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes.

Si usted o un conocido han sido citados o bien detenidos por la existencia de un proceso de check that extradición internacional, o una orden europea de detención, debes de ponerte en contacto inmediatamente con nosotros para recibir el mejor asesoramiento posible desde este momento.

La extradición se encuentra regulada en tratados internacionales y en las leyes de cada país y es la entrega de un individuo que ha cometido un delito, por parte del Estado en cuyo territorio se encuentra, a otro Estado que le reclama para su enjuiciamiento o para el cumplimiento de una pena o medida de seguridad. En una extradición puede intervenir un organismo gubernamental, los tribunales o ambos según el procedimiento que establece la normativa.

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Se refiere a la perspectiva del estado requirente y tendrá lugar cuando el Estado español sea el que lo solicite a otro Estado.

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Si el Gobierno Español accede a continuar el procedimiento por vía judicial, remite el expediente al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. Si no estuviera detenida la persona reclamada, el Ministerio de Justicia comunicará al de Interior para que practique la detención preventiva, redacte el atestado, y en el plazo de veinticuatro horas ponga a disposición judicial al detenido.